La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció el aumento del asedio, encarcelamiento y represión en contra de miembros de esa organización. Los detenidos se suman a la lista de más de 93 presos políticos que mantiene el régimen Ortega Murillo.
«Hacemos especial énfasis en el acoso a miembros de nuestra organización en los territorios, que han sido víctimas de asedio, allanamientos, detenciones y procesos judiciales en clara violación a sus derechos y garantías constitucionales», afirma la Alianza Cívica, que recuerda que de esa manera el régimen viola los acuerdos suscritos en la Mesa de Negociación del 27 y 29 de marzo del 2019.
Menciona esa organización entre los capturados están Wilfredo Brenes, exreo político y directivo en la ciudad de Masaya, fue capturado ilegalmente en su casa y trasladado al chipote el pasado 30 de abril. Actualmente es procesado ilegalmente tras haberle imputado cargos falsos.
La joven transgénero Celia Cruz, integrante de la directiva de la Alianza Cívica en Rivas fue detenida en Esquipulas, Moyogalpa Isla de Omepete el pasado 19 de abril junto a otros ciudadanos que fueron traslados a las instalaciones de la cárcel el Chipote.
El profesor Eddy Méndez Rayo, también integrante de nuestra directiva en la comunidad de Pueblo Viejo, Matagalpa fue detenido en su casa este sábado 2 de mayo.
Mientras, un día antes en Malpaisillo, León fue allanada la vivienda de Luis Fonseca integrante de la directiva de la Alianza Cívica en dicho departamento.
Fonseca y sus familiares fueron brutalmente agredidos por agentes policiales. También se ha reportado asedio e intimidación para Yubrank Suazo de Masaya y Martha Alvarado de la ciudad de Managua.
«Como Alianza Cívica continuamos realizando las gestiones necesarias que garanticen la defensoría legal adecuada y exigiendo la liberación de todos los presos y presas políticas, así como el fin del asedio e intimidación», asegura la Alianza Cívica que asegura su trabajo no se detiene y reafirma el compromiso con la libertad del pueblo, el respeto a las garantías constitucionales y la salida de Ortega del poder.