Abuso de poder, corrupción y violaciones de DD.HH lo que prevalece en Centroamérica, según informe regional

Abuso de poder, corrupción y violaciones de DD.HH lo que prevalece en Centroamérica, según informe regional

El mismo destaca la fuerte represión a la protesta social registrada en Centroamérica causante de la muerte de muchos ciudadanos, como ocurre por ejem

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El mismo destaca la fuerte represión a la protesta social registrada en Centroamérica causante de la muerte de muchos ciudadanos, como ocurre por ejemplo en Honduras y en Nicaragua o hasta la ruptura del Estado Constitucional de derechos transgrediendo los
principios elementales de la democracia como sucede en El Salvador.

El mismo incluye declaraciones de la exfiscal General de Guatemala, Claudia Paz, que considera que los avances que han existido en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la región han venido desde legítimas demandas sociales.

Nicaragua el más corrupto

Y resalta que Nicaragua fue el país más corrupto de la región en el 2018, colocándose en el puesto 152 de los 180 países evaluados por la población a partir de su percepción sobre los niveles de corrupción determinados para cada país, de acuerdo a los datos reportados por Transparencia Internacional (TI) según su informe anual.

En la región se registran fuertes represiones a la protesta social que causan la muerte de muchos ciudadanos, como en Honduras y Nicaragua, hasta la ruptura del Estado Constitucional de derechos transgrediendo los principios elementales de la democracia
como en El Salvador.

“Los Estados centroamericanos han fomentado una total desvinculación con la ciudadanía, dejando de lado que son los representantes del pueblo. Tomando decisiones que trastocan la democracia, el desarrollo humano y la paz”, refiere el informe.

Resalta que la corrupción ha incrementado en Centroamérica porque sus bases democráticas son débiles lo cual se ha evidenciado a lo largo de los años en los países de la región, donde también persisten serias agresiones y amenazas contra periodistas y medios independientes lo que limita la ardua labor periodística y al acceso a la información.

“En toda la región la criminalización es uno de los métodos represivos utilizados por los gobiernos para frenar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos al imputarles delitos contra el Estado y aprobar leyes que permiten un amplio margen de interpretación, para perseguir a quienes defienden y promueven los derechos en Centroamérica”, expresa el informe.

El informe resalta como caso emblemático de corrupción e impunidad en Nicaragua el del expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado de Daniel Ortega, quien fue sancionado en diciembre 2017 por Estados Unidos que lo incluyó en una lista de la ley Magnitsky, que establece penas por violación de derechos humanos y corrupción.

También menciona Albanisa

Igual otros actos de corrupción del régimen como son los negocios realizados por el holding de empresas conocidas como Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), “utilizadas por la familia presidencial y sus colaboradores más cercanos para constituir un nuevo grupo económico, utilizando el capital que provino de la cooperación venezolana valorada en unos 500 millones de dólares anuales”. Y destaca que “la falta de transparencia en el manejo de los fondos provenientes de Venezuela y su uso discrecional son parte de los múltiples actos de corrupción del Estado de Nicaragua”.

A su vez, menciona que en octubre de 2019, fue conocido el caso del diputado por el FSLN al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Francisco Sarria García, acusado de encabezar una red que trasladaba cocaína y marihuana desde Costa Rica a través de Nicaragua hasta Honduras.

El Ministerio Público alegó que Sarria García dirigía un grupo que incluía a dos guatemaltecos y un colombiano residente en Costa Rica. Ellos utilizaban la ciudad costera de Mechapa, sobre la costa pacífica separada de Honduras sólo por el Golfo de Fonseca en el departamento de Chinandega para recibir cargamentos de drogas y dinero.

Igualmente menciona el informe que Nicaragua, se ha constituido en el refugio de prófugos de la justicia como es el caso del expresidente salvadoreño y ahora nacionalizado Mauricio Funes y el ex presidente del Parlamento de Guatemala, Luis Rabbé, investigado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) por la supuesta creación de plazas fantasmas durante su presidencia en el Parlamento.

El informe señala que la impunidad, “sigue siendo uno de los flagelos que carcome la sociedad nicaragüense”.

Funcionarios de la Policía, fuerzas paraestatales y simpatizantes del partido del régimen, han sido señalados de cometer asesinatos y una serie de abusos que, en algunos casos, constituyeron tortura, como golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y violación sexual, entre otros hechos graves que han sido tipificados como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, estos hechos están impunes pues “el Sistema de justicia ha sido utilizado para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos”, expresa el informe.

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