A más de dos meses, régimen incumple los 18 puntos de acuerdo de derechos y garantías ciudadanas

A más de dos meses, régimen incumple los 18 puntos de acuerdo de derechos y garantías ciudadanas

De los 18 puntos con que consta el acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, suscritos el pasado 29 de marzo entre las delegaciones de la Alianza Cívica y el régimen ninguno se ha cumplido, pese a que en algunos de ellos hubo medidas unilaterales por parte del oficialismo.

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De los 18 puntos con que consta el acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, suscritos el pasado 29 de marzo entre las delegaciones de la Alianza Cívica y el régimen ninguno se ha cumplido, pese a que en algunos de ellos hubo medidas unilaterales por parte del oficialismo.

Una tabla de cumplimiento establecida por la Alianza Cívica con fecha hasta el 27 de mayo indica que “tanto la disposición de liberación como los vinculados a la repatriación voluntaria de nacionales, además de haber sido disposiciones realizadas de manera unilateral no cumplen con la liberación efectiva, ni seguridad de los procesos, ni el retorno con seguridad de las personas en el exilio, se carecen de garantías institucionales y de voluntad política”.

A esto agrega que durante el proceso de negociación el régimen atrasó la firma de protocolos de implementación propuestos por la Alianza Cívica para la implementación del mismo.

Al tiempo que el régimen ha continuado con la política de estigmatización, asedio y persecución, a su vez han desarrollado campañas de odio contra la población disidente denuncia la Alianza Cívica.

Debido proceso

Uno de los puntos principales de este acuerdo, fue el cumplimiento del debido proceso y tutela judicial efectiva tanto en procedimientos administrativos como judiciales dentro del plazo de 48 horas posteriores a su detención.

Así como que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad sin orden de las autoridades expresamente facultadas por la ley. El domicilio solo puede ser allanado por orden escrita de juez competente entre las 6:00 a.m, y 6:00 p.m., con las excepciones que la Constitución establece”.

Sin embargo, desde el 29 de marzo se han registrado más de 70 secuestrados por la Policía del régimen y fuerzas parapoliciales. Estos secuestrados no han sido puestos a disposición de juez o autoridad competente. Han continuado los allanamientos sin orden de juez, fuera de la hora, detenciones sin orden y arrestos injustificados por más de 48 horas, no aplican en los juicios las reglas del debido proceso.

Derechos económicos

Igual ha pasado con el punto de “garantizar el derecho irrestricto a todas las forma de propiedad, sin discriminación”. Dado que después del 29 de marzo no se ha devuelto ninguna de las propiedades intervenidas. Aún no son devueltas 4,673 manzanas de tierra, de 29 propiedades en siete departamentos del país intervenidas ilegalmente por razones políticas. De igual forma no se han devuelto viviendas, negocios, licencias de operación, instalaciones y equipos de medios de comunicación, explica la Alianza Cívica en su documento.

Menciona que desde la firma del acuerdo se registraron catorce incendios en propiedades privadas de ciudadanos opositores. Así como asedio y cierres forzados de negocios que se habían sumado al paro nacional del 23 de mayo de 2019. A esto se agrega el anuncio del régimen de asedio fiscal a ONG y medios de comunicación.

Desarme de grupos armados

En el ámbito de seguridad y defensa nacional el acuerdo incluía el desarme de grupos armados fuera del orden constitucional y legal. Detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad.

Al tiempo que instan al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional que cumplan con el registro y marcaje del armamento utilizado por cada institución de acuerdo a la ley de la materia.

“En especial se recuerda que el decomiso o intervención de dispositivos electrónicos solo puede hacerse con la debida orden judicial”, señala también parte del acuerdo.

No obstante, indica la Alianza Cívica el régimen y la Policía continúan operando con personas vestidas de civil que se movilizan armadas y realizando asedio, vigilancia y detenciones en la vía pública. El mecanismo de contención de las protestas sociales por parte de la Policía continúan realizándose con armas de guerra de alto alcance.

“Al 25 de mayo no se habían realizado investigaciones e inventarios que propicien el desarme de los grupos armados. No se ha procedido al desarme de grupos armados ligados al partido Frente sandinista que continúan operando impunemente y no se ha procedido al marcaje del armamento propiedad del Ejército y Policía”, menciona el documento.

Disposición unilateral y no la cumplen

En cuanto al derecho de los nicaragüenses en el exterior el acuerdo establece que “todos los nicaragüenses en el exterior, en particular aquellos que se fueron en el contexto de los hechos a partir del 18 de abril de 2018, podrán regresar a su país con plenas garantías y seguridad personal y familiar, de conformidad con las leyes y gozar de los beneficios que estos les otorgan”.

En este caso el régimen emitió una disposición unilateral para el retorno voluntario de los exiliados, la que “carece de credibilidad por ser ejecutada por las mismas instituciones represoras”, indica la Alianza Cívica, quien destaca que se han registrado al menos cinco detenciones arbitrarias de personas que han regresado al país.

En cuanto al numeral siete de este acuerdo, sobre derechos políticos, que establece garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública en cumplimiento con la Constitución. Y reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación, al igual el derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la Bandera Nacional.

La Alianza Cívica señala que cinco solicitudes de marchas han sido rechazadas a pesar de cumplir los requisitos de ley. En este caso el documento no incluye la última solicitud que fue el 30 de mayo.
“Se registran asedios, represión y detenciones ilegales a personas que realizan plantones o sentadas pacíficas en lugares que no afectan la circulación de personas o vehículos”.

Más de 200 personas han sido detenidas por participar en plantones pacíficos, en su mayoría han sido liberados después de someterlos a interrogatorios y torturas.

Ni personería, ni bienes

El numeral 8 establece garantizar la constitución de organizaciones de cualquier índole, revisar las decisiones adoptadas en cuanto a la cancelación de personería jurídica a asociaciones sin fines de lucro.

Ninguna personería jurídica de las nueve organizaciones afectadas le ha sido devuelta, ni les ha regresado los bienes. “El régimen niega el ejercicio de derechos de parte de las asociaciones y ha tratado de descalificar a la Alianza Cívica, bajo el argumento de que carece de personalidad jurídica”.

En cuanto al numeral 9 , derechos laborales, establece garantizar a los trabajadores el derecho de participar en la gestión de las empresas por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley, que ningún trabajador público o privado sea despedido por razones de sus preferencias políticas. Pero se registran hostigamientos, amenazas e intimidación en contra de trabajadores del sector público.

La Alianza Cívica menciona el caso más reciente ocurrido el 9 de mayo contra doctoras autoconvocadas del Hospital Bertha Calderón.

Sin censura

En cuanto a la libertad de expresión y de información veraz, el acuerdo señala en parte que “el Estado garantiza el irrestricto derecho de libertad de expresión, el derecho de informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios de comunicación podrán ser objeto de censura previa”.

Igualmente que el Estado debe garantizar el derecho a importación de papel, maquinaria, equipo, repuestos y refaccione para los medios de comunicación social, escritos, radiales y televisivos todo conforme a la Constitución y las leyes tributarias de la nación.

Sin embargo, desde el 29 de marzo, el régimen no ha regresado licencias de funcionamiento, ni propiedades a los medios de comunicación escritos, televisivos o radiales intervenidos ilegalmente, dice la Alianza Cívica.

“El gobierno mantiene retención aduanera de insumos y materiales para publicación de medios escritos de circulación nacional”, refiere.

Después del 29 de marzo de la firma del acuerdo, se registran más de diez hechos de persecuciones, asedio, agresiones y detenciones ilegales a periodistas, ocupación, robo o destrucción de equipos periodísticos, además del ciberataque a sitios web.

Más de 64 periodistas han tenido que salir al exilio por la persecución en su contra y todavía no tienen condiciones de seguridad para su retorno.

Poder Judicial debe agilizar trámites

En cuanto a las garantías procesales, sobre las que hubo recomendaciones, para que las autoridades competentes procedan a la agilización de esos trámites, la Alianza señala que existe completo incumplimiento a la tramitación de recursos de exhibición personal, Habeas Data y amparo, por parte del Poder Judicial.

En tanto la autonomía universitaria tampoco se ha tomado en cuenta, donde cien estudiantes y unos sesenta docentes fueron expulsados, lo que muestra el control político del régimen sobre las universidades en violación a la autonomía.

Y en tanto obligan a estudiantes y docentes asistir a la exposición de material audiovisual partidario que emiten mensajes de odio contra la población crítica al régimen.

Los pueblos originarios y afrodescendientes de la Costa Caribe siguen sufriendo el problema histórico, los derechos territoriales están estancados, no hay saneamiento y sigue la invasión de colonos o paramilitares.

En cuanto a la definición de terrorismo y financiamiento al terrorismo, solicitado por la Alianza Cívica al régimen tampoco existe una iniciativa de ley que la revise y la revierta.


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