Yojeisel Elizabeth y Francisco Alexander Pérez Valle, de 16 y 12 años, respectivamente, son los dos menores que junto a su padre Francisco Pérez Dávila fueron víctimas de asesinato en un operativo ejecutado por tropas del Ejército de Nicaragua.
A esta fecha Elea Valle, su madre, no ha podido obtener justicia, tampoco le han permitido exhumar los cuerpos de los dos menores.
“Ni siquiera le permitieron enterrar a sus hijos”, recuerda Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) uno de los defensores de derechos humanos que en el país conoció del caso.
Y recuerda Cuevas, que la masacre es parte de una serie de crímenes aún impunes en Nicaragua como el de la llamada Mochila bomba en referencia a una explosión ocurrida en la comunidad El Portal, Santa María de Pantasma, en enero de 2015, que causó la muerte de tres personas, una de ellas ejecutada, donde los testigos señalaban al Ejército.
Antecedentes de persecución
En la denuncia escrita por Valle y remitida el 23 de noviembre de 2017, a los jefes de la Policía y el Ejército, Aminta Granera y Julio César Avilés, respectivamente, así como a la fiscal Ana Julia Guido, esta explicó la persecución que durante tres años había sufrido su familia por parte de miembros del Ejército en represalia porque su cuñado Rafael Pérez, alias El Colocho, era uno de los alzados en armas, lo que obligó a su esposo a unirse a estos grupos irregulares, cuya existencia ha sido negada por el régimen.
Después de dos años de no ver a sus hijos Pérez pidió a Valle le permitiera reunirse con ellos y el 12 de noviembre a las 5:00 a.m, mientras todos estaban durmiendo en la vega del río 22, los dos hijos de Valle, su esposo y otras tres personas más fueron asesinadas por el Ejército, entre ellas una joven de aproximadamente 20 años.
Ese mismo domingo Valle fue informada del hecho a través de una llamada telefónica. “A sus hijos los agarraron vivos y luego los asesinaron”, fue parte de lo que una persona le comunicó a Valle, según expresó en la denuncia escrita ante el Ejército, la Policía y la Fiscalía.
“Vi a mis niños, la gente del lugar me comenzó a decir sobre mi hija mire madre presenta violada, se la hicieron ahorcada, la violaron, la colgaron, la masacraron a golpes, mi hija estaba morada todo su cuerpo, estaba irreconocible el rostro de ella, e igual el de mi niño, la gente me dijo que mi niña estaba con ese pantalón porque ellos mismos (la gente del lugar) se lo pusieron, pues la dejaron completamente desnuda, solo con una camisa pinta –militar- para decir que ella también estaba alzada en armas”, es parte del testimonio presentado por Valle ante el CENIDH.
Además dijo Valle en esa ocasión, que el cuerpo del pequeño fue apuñalado en los costados, además presentaba impactos de bala en el brazo izquierdo, en la cabeza y dos en el pecho, completamente irreconocible. “Los otros cadáveres estaban quemados, a mi marido lo logré reconocer solo de la cintura para abajo; ese día solo estaba mi marido, tres personas más y mis niños en el lugar, a todos los mató el Ejército”, sostuvo en esa ocasión.
Calificativos de delincuentes
En su momento el Ejército confirmó la operación en contra de los que calificó de una banda de “elementos delincuenciales”, después de haberles dado seguimiento durante nueve días consecutivos.
Un informe presentado en septiembre pasado, durante la audiencia en el 173 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Acción Penal, Movimiento Campesino de Nicaragua y Fundación para el Debido Proceso, destaca la masacre de la comunidad San Pablo 22, como uno de los 25 asesinatos de líderes campesinos o alzados en armas perpetrados entre 2008 y 2017, según un registro realizado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
“Entre los años 2008 y 2017 las fuerzas de la Policía y el Ejército de Nicaragua intensificaron su estrategia de eliminar a antiguos miembros de la contra revolución y campesinos que ejercían un liderazgo opositor en sus territorios y municipios”, indica el informe presentado ante la CIDH.
Para Gonzalo Carrión, de ese Colectivo es necesario recordar ese antecedente por la impunidad y la forma con que el régimen justificó los crímenes alegando que se trataba de delincuentes.
Y recuerda que el estallido de abril, fue precisamente “por el acumulado de abusos”, ejecutados en el país y todavía en esas fechas Valle seguía con su reclamo de justicia y por la entrega de los cuerpos de sus hijos, que al igual que el resto de asesinados en ese sitio fueron lanzados a una fosa común.
Entre los 25 asesinatos perpetrados durante este período, aproximadamente 14 de esos crímens fueron reportados como resultado de “enfrentamientos” u operaciones contra supuestos grupos de delincuentes, acusados por abigeato o narcotráfico, con el objetivo de no tener que reconocer que fueron asesinatos selectivos que ponen en evidencia una letalidad desmedida de la represión gubernamental que es propia de tiempos de guerra, señala el informe de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Entre los asesinados están José Gabriel Garmendia, alias Yajob, ocurrido en febrero de 2011, en Santa Teresa de Kilambé, municipio de El Cuá, por disparo ejecutado por un francotirador. Yajob, exsegundo jefe de las tropas especiales de la contrarrevolución, quien en 2010 se declaró públicamente alzado en armas contra el régimen como protesta por la reelección presidencial inconstitucional y el fraude electoral que se vislumbraba en 2011.
Tanto el Ejército como la Policía vincularon a Yajob con una banda dedicada a los secuestros, extorsiones y asaltos; justificando el acto y sin hacer absolutamente nada por esclarecer su muerte, al igual que sucedió con el caso de los hijos de Elea Valle.