Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a funcionarios orteguistas por perseguir las voces que están a favor de la democracia en Nicaragua

Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a funcionarios orteguistas por perseguir las voces que están a favor de la democracia en Nicaragua

El gobierno d Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro envió un nuevo mensaje al rég

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El gobierno d Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro envió un nuevo mensaje al régimen Ortega Murillo al designar a cuatro de sus funcionarios de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO ) 1385.

Gustavo Porras Cortés, Orlando Castillo, Sonia Castro González y Oscar Salvador Mojica Obregón, se suman a la lista de los orteguistas sancionados bajo esa orden ejecutiva.

Además, Sonia Castro González y Gustavo Eduardo Porras Cortés han sido designados de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018.

Según la disposición la acción está dirigida a los funcionarios del régimen que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses por ejercer sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense.

Esa oficina señala que el régimen continúa violando los derechos humanos del pueblo nicaragüense, implementando leyes de explotación y violencia y manteniendo a cientos de personas como presos políticos.
“Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia”, dijo el subsecretario de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.
“No dudaremos en tomar medidas contra aquellos que perpetúan la opresión o apuntalan el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”, sostuvo el funcionario según comunicación oficial.

Principal operador político del régimen

En cuanto a Gustavo Porras Cortés, está designado por ser un funcionario del régimen y por ser el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que ha promulgado acciones o políticas importantes que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua.

Conforme a la EO 13851 y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, Porras es el operador político más importante de Daniel Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien el 27 de noviembre de 2018, esa oficina también sancionó. Y en abril pasado le tocó a su hijo Laureano Ortega.

Bajo la presidencia de Porras, la Asamblea Nacional promulgó la llamada ley de amnistía que condicionalmente perdona a las personas que participaron en las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, pero requiere que los manifestantes se abstengan de expresarse en una futura protesta o se arriesguen a que se revoque la amnistía.

La ley también perdona a los policías y pramilitares que participaron en la represión violenta del régimen de Ortega contra los manifestantes, que incluyó el asesinato de cientos de manifestantes indica la OFAC que también señala que en noviembre y diciembre de 2018, el Parlamento prohibió que nueve organizaciones de derechos humanos y prodemocracia pudieran operar en Nicaragua, al aprobar la cancelación de su personería jurídica.

Por silenciar a medios de comunicación
En tanto Orlando José Castillo Castillo, está designado por ser el director General del Instituto de Telecomunicaciones y Servicios Postales (TELCOR), una entidad que ha participado en acciones, o cuyos miembros han participado, que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Nicaragua, de conformidad con la EO 13851.

TELCOR ha sido utilizado por Ortega y Castillo para silenciar a los medios independientes, entre ellos el Canal 100% Noticias.

Ordenó no atender a lesionados de la represión

Sonia Castro González, está designada porque de conformidad con la E.O. 13851 desde el Ministerio de Salud ha cometido o sus miembros han cometido violaciones graves de abusos a los derechos humanos.

Debido a que el Ministerio de Salud es una entidad que ha participado, o sus miembros han participado, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso grave o una violación de los derechos humanos contra personas relacionadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril 2018, Castro también se designa de conformidad con Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, apunta la OFAC.

Menciona que el Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta por parte del régimen, lo que empeoró la situación de los lesionados e incluso condujo a la muerte debido a la falta de atención médica.

El personal del hospital recibió órdenes de denunciar a los manifestantes admitidos para que la Policía los sacaron de los hospitales, lo que provocó desapariciones forzadas. A esto añade que el Ministerio de Salud amenazó a los trabajadores de la salud y despidió a cientos de personal médico que atendió a los manifestantes.
Administra finanzas personales de la pareja
Oscar Salvador Mojica Obregón, está designado por ser un funcionario actual del régimen de conformidad con la E.O. 13851.

Mojica es un mayor general retirado del Ejército de Nicaragua y el actual Ministro de Transporte e Infraestructura.

En la televisión nacional, Mojica promovió la estrategia de “exilio, cárcel o muerte” del régimen de Ortega para silenciar a la oposición, una política que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, expulsadas o desplazadas internamente.

Además, Mojica administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales de Ortega y de Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros.

Como resultado de la medida todos los bienes e intereses en la propiedad de los sancionados y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento de dichos individuos, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de Las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.

Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos, ya sea dentro o en tránsito, de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

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