El pago a los bancos, otro problema que se suma con la crisis sanitaria del COVID-19

Fotografía: Manuel Esquivel

A la situación de sobrevivencia arrastrada desde abril de 2018 con el estallido social se ha sumado ahora la crisis sanitaria enfrentada por el COVID-19, que mantiene paralizada una buena parte de la actividad económica del país y ha llevado a muchas personas con deudas con los bancos a pedir una moratoria como política de Estado.

Hay instituciones bancarias que como solución han propuesto a sus clientes reestructuraciones del crédito en total desventaja del deudor o en su lugar las ejecuciones.

“Los bancos se aprovechan de la necesidad de la misma población. Negocio sobre la fatalidad. El gobierno debe tomar medidas de dar una prórroga”, expresa el abogado Álvaro Ruiz Cerros, quien contó su experiencia personal donde la reestructuración propuesta por el banco le llevaría no solo a extenderle la deuda a diez años más, sino a pagar más por la cuota mensual.

Debido a la situación del país Ruiz asegura que con esfuerzos siguió pagando sus cuotas mensuales del préstamo que le hizo el banco para adquirir una casa.

La deuda estaba prevista para pagar en 15 años de plazo y pagaba una cuota mensual de 480 dólares. Tenía dos años más o menos de estar pagando.

Sin embargo, llegó un momento que en 2019 entró en mora por aproximadamente 5800 dólares por las condiciones económicas del país. Desde octubre del año pasado a la fecha entró en gestiones ante la institución bancaria.

Ruiz solicitó una reestructuración de la deuda a 25 años, con lo que estimó le rebajarían la cuota de acuerdo a su capacidad de pago, para ello les explica pretende rentar la casa y así honrar su compromiso.

Una de las primeras propuestas de solución del banco  fue que les entregara la casa en pago (dación en pago) y después ellos se la entregarían en renta y cuando Ruiz tuviese capacidad económica, les pagase la propiedad.

“Pueden poner una opción de compra, pero si estoy prestando para alquilarla, en una situación donde Nicaragua tenía una actividad económica regular ¿De dónde voy hallar dinero en estas circunstancias y con el COVID, la situación sociopolítica, para decirles un día les voy a comprar? Es ilógico, es una bandidencia”, comenta Ruiz.

Por lo que se negó aceptar esa propuesta del banco a la que dice respondió: “termínenme de ejecutar porque la casa vale más o menos 80 mil dólares y ustedes me prestaron 46, vamos hacer un avalúo, me van a pagar el resto”.

Recientemente, el banco le comunicó a Ruiz que reestructurarán la deuda tal y como él proponía a 25 años sin embargo, además de alargarle el plazo de 10 años, todavía deberá pagar 10 dólares más de lo que pagaba y otros gastos.

La comunicación escrita remitida a Ruiz Cerros por una funcionaria de la institución bancaria detalla: “Adicionalmente según lo conversado hoy en caso de reestructurar el crédito hipotecario le quedaría una cuota aproximada de 492 dólares; sin incluir seguros a un plazo de 25 años, y en su tarjeta de crédito en reserva puede pagar 25 dólares durante 48 meses. Recuerde que el trámite judicial está bastante avanzado y necesitamos resolver la situación a la brevedad posible”.

“De ningún apuro salgo que me van a cargar los avalúo, los seguros, la inscripción en el registro de la reestructuración, los honorarios legales, la comisión del dinero que agarran para reestructurar (…) o sea me montan albarda sobre aparejo”, expresa el afectado.

Tras señalar: “Ellos están quedando en situación que dejan con un crédito activo, que les pone con liquidez ante la Superintendencia con más liquidez y a mi me dejan ensartado”.

«No hay flexibilidad de los bancos, pese a la doble crisis existente en el país», expresa el afectado quien dice, “voy a pelearla, que se queden con la casa pero que me den el vuelto” y mencionó que conoce que así como sucede con él hay muchas otras personas en igual situación pero desconocen qué gestiones realizar porque no son abogados y los bancos se aprovechan.

El abogado Boanerge Fornos, refiere que de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal civil con la ejecución a las personas les es subastada la vivienda u otro bien hipotecario, con lo cual se paga el banco el fondo y si hay un sobrante debe ser entregado al dueño del bien inmueble.

Arriendo financiero

Ruiz Cerros mencionó otro caso vinculado a un familiar suyo que también hizo un préstamo para un negocio que prácticamente está paralizado desde 2018 y agravada la situación con el COVID-19.

El banco le propuso un contrato de un arriendo financiero, según le alegaron para que pueda conservar el derecho de la casa. En este caso aún no hay nada en concreto.

Política moratoria

El abogado y miembro de la Alianza Cívica, José Pallais, considera que debe haber una moratoria en general ante la situación que vive el país, como lo han hecho otros países particularmente en Centroamérica y también ha sido una medida adoptada en el país situaciones de emergencia por catástrofes naturales, por lo que dice “no es nada novedoso”.

Según Pallais, los bancos pueden resolver uno, dos a tres casos, porque cada caso que entra en mora y se reestructura, si no hay una flexibilidad de la normativa de la Superintendencia de Bancos obliga al Banco a generar una reserva, es decir a dejar de prestar plata y a no cobrar intereses por ella.

“Entonces si el banco reestructurara a todo el mundo sin que la Superintendencia estableciera una política general, el banco quiebra”, aduce Pallais.

Es por ello, que Pallais insiste en que es necesario que la Superintendencia de Bancos como regulador  bancario apruebe una política general, a través de la cual faculta a los bancos a reestructurar en determinadas condiciones y sin que eso les signifique un castigo al banco, “pero los bancos le propusieron a la Superintendencia hacerlo pero la Superintendencia se negó”.

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